EJECUTANDO, QUE ES GERUNDIO

La ejecución de las Sentencias en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pese a la parca regulación contenida en la Ley 29/1998, destaca por su carácter eminentemente judicial, siguiendo así la estela de la anterior Ley de 1956 y, posteriormente de la Constitución Española. Es decir, a diferencia del sistema administrativo francés donde las pretensiones frente a la Administración se resuelven en el seno de la misma, la actuación de ésta queda sometida al control de los Tribunales como bien recoge el art. 106 de la Constitución Española, al señalar que estos controlan entre otras, la legalidad de la actuación administrativa. Y, claro está, si una Sentencia obliga a la Administración a una determinada actuación, ésta ha de ser controlada por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como de manera expresa se manifiesta en los arts. 7 y 103 de la Ley Jurisdiccional.

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¿ES O NO UNA SANCIÓN?

En muchas ocasiones, acude raudo y veloz un ciudadano a su abogado y, con una mezcla de asombro e indignación, clama a los cuatro vientos: "¡esto es un atropello!", o "¡me están volviendo a sancionar por el mismo hecho!".

Después de un prudencial rato –generalmente no breve- cuando las aguas se calman, el abogado, en la mayoría de las veces, le hace ver a su cliente que no ha lugar al pretendido atropello y que tampoco hay motivo para la supuesta indignación, ya que la Administración ha obrado ajustándose al principio de legalidad y al ordenamiento jurídico vigente.

Es por ello que hay que tener siempre presente una serie de cuestiones:

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LA IMPORTANCIA DE LA PRECISIÓN EN EL LENGUAJE

Uno de los temas que siempre ronda por la cabeza de los profesionales del Derecho es el del denominado "lenguaje jurídico"; y surgen preguntas relacionadas con la conveniencia y la adecuación de utilizar licencias estilísticas, abusar de la adjetivación, recrearse en el uso de las subordinadas, entre otras muchas.

Pues bien, dentro de esta categoría innominada de licencias, presenta especial interés la que concierne a los sinónimos. Y es que muchas veces, en un escrito se emplea indistintamente un término en lugar de otro, asumiendo que su significado es idéntico cuando realmente, no es así. Una cosa es que en el habla cotidiana sí tengan un mismo sentido dentro del contexto en el que se emplean, pero en el habla jurídica, rara vez puede sostenerse el caso.

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¿PUEDE LA ADMINISTRACIÓN PRIVARTE DE UNA PRESTACIÓN QUE PREVIAMENTE TE OTORGÓ?

Partimos del supuesto en el que te ha sido concedida una prestación de cualquier naturaleza por parte de la Administración, constituyendo así un acto favorable para tus intereses. ¿Puede luego la misma Administración que te otorgó dicha prestación, privártela?.

La respuesta es afirmativa. Las Administraciones Públicas tienen la potestad de revisar sus propios actos; ahora bien –y esta es la clave-, no de cualquier forma.

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Los convenios urbanísticos y su incumplimiento

Una práctica habitual dentro del urbanismo de los distintos municipios es la constituida por los convenios urbanísticos, figura ésta, que a priori, sólo ofrece ventajas por cuanto supone un medio de colaboración entre Administración y administrado en el que ambas partes obtienen réditos.

Los particulares ceden terrenos e incluso pueden abonar cantidades en metálico para a cambio, la Administración proceda entonces a modificar o revisar un instrumento de planeamiento en determinado suelo, incluyendo la calificación de terrenos, trasvases de aprovechamiento o un reconocimiento de mayor índice de edificabilidad entre otras operaciones.

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Escrito sobre desistimiento expropiación

Una vez superada la sorpresa inicial que constituye el tener noticia de la expropiación de un bien o derecho propios y, encontrándose en tramitación el expediente expropiatorio, contando ya con asistencia letrada, puede aún asaltarnos un contratiempo no esperado. Y decimos bien, ya que por no esperado, no fue siquiera contemplado por la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, vigente en nuestros días. Nos estamos refiriendo al desistimiento de la expropiación por parte de la Administración expropiante.

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